Más del 50% de colegios no es apto para estudiantes con discapacidad

Al término de un estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo se verificó que el 52 por ciento de las instituciones educativas (I.E.) del nivel Primaria, supervisadas por esta institución en todo el país, no se encuentra preparado para recibir a estudiantes con discapacidad, debido a que los colegios carecen de la infraestructura adecuada y a que, en su mayoría,  no cuentan con material que permita una enseñanza inclusiva.

“Es mi deber precisar que la forma en que está siendo implementada la política de educación inclusiva no está garantizando la permanencia, participación y logro de aprendizaje significativos de los estudiantes con discapacidad en el proceso educativo”, dijo el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, durante la presentación de este nuevo trabajo institucional.

Dijo que la educación de niños y niñas con discapacidad no debe ser considerada un gasto sino una inversión, que contribuye a la realización de los derechos de un segmento numeroso de nuestros niños y niñas, que se convertirán en ciudadanos, que internalizarán, como todos sus coetáneos, el respeto a su dignidad, en un plano equitativo, con derecho a aspirar al mejoramiento de su calidad de vida.

Malena Pineda, Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad dela Defensoría del Pueblo, manifestó que, de los 342 colegios visitados, el 48% no tiene rampas de acceso; en el 88%, los baños no han sido adaptados para el uso de personas con discapacidad, en tanto que el 92% de las I.E. supervisadas no ha recibido ningún tipo de material de enseñanza referido a la inclusión.

Durante la presentación del Informe Defensorial Nº 155, denominado “Los niños y niñas con discapacidad: Alcances y limitaciones en la implementación de la política de educación inclusiva en instituciones educativas del nivel Primaria”, la funcionaria advirtió que, de los 115 Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (Saanee) visitados, en el 24% se realizaron cobros indebidos a los padres de familia.

“Si bien en el 77% de los Saanee se han desarrollado acciones de sensibilización, a fin de prevenir casos de discriminación por parte de los alumnos y reforzar el proceso de inclusión, se han detectado 42 casos de maltrato en contra de los estudiantes con algún tipo de discapacidad en 22 instituciones”, señaló la funcionaria.

Asimismo, consideró que los 216 Saanee constituidos resultan insuficientes para atender la demanda educativa, debido a que solo el 40% de los planteles del nivel Primaria ubicados en el área urbana reciben algún tipo de apoyo por parte del Saanee. “La frecuencia de las visitas es de un mes en el 14% de los casos”, subrayó.

Por  otro lado, indicó que de los 17 colegios del Programa Nacional de Recuperación de las Instituciones Públicas Educativas Emblemáticas y Centenarias de Lima, en ocho se observan  ingresos en desnivel con la vereda, lo cual dificulta el tránsito de los estudiantes con discapacidad. “Esta situación debería resolverse mediante rampas, pero solo cinco de estos cuenta con una”, puntualizó.

En ese sentido, recomendó al Ministerio de Educación (Minedu) diseñar un Plan Nacional de Educación que priorice que los directores de Educación Básica Regular (EBR) implementen de manera transversal una política de aprendizaje inclusivo que permita una atención de calidad a los estudiantes con discapacidad. Además, sostuvo que se debe contemplar el diseño de material adaptado a las necesidades individuales y especiales de estos alumnos.

“Asimismo, hemos solicitado que se disponga la ubicación preferente y progresiva de las aulas de los estudiantes con discapacidad física en los primeros pisos, así como elaborar indicadores de resultado en materia de educación inclusiva, a efectos de diseñar un programa presupuestal con enfoque de resultados”, comentó.

Respecto a los menores con problemas auditivos, la funcionaria solicitó al Minedu que establezca lineamientos que contemplen medidas de carácter pedagógico, a fin de lograr una atención de calidad, así como el respeto a su identidad lingüística y su derecho al lenguaje de señas.

En lo referente a los gobiernos regionales, recomendó incorporar en los proyectos educativos un enfoque de discapacidad, a partir de diagnósticos elaborados por las Direcciones Regionales de Educación (DRE)  y de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) con el objetivo de establecer metas, estrategias e indicadores que permitan medir el impacto de la política de educación inclusiva.

Finalmente, Malena Pineda propuso a los directores de las diferentes I.E. públicas que soliciten un profesor especializado en educación básica especial  (EBE) o inclusiva, sin aula a cargo, para el asesoramiento y apoyo de estudiantes con discapacidad.