GASTO SOCIAL DE LAS EMPRESAS MINERAS
RSE.- El estudio elaborado por Propuesta Ciudadana reporta que 4,500 millones de soles han destinado las empresas mineras a gasto social entre los años 2007 y 2012, según los últimos datos arrojados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Sin embargo, ¿qué monto de estos fondos provienen del erario público? El Grupo Propuesta Ciudadana identificó tres mecanismos: Fondo Social (FS) y el extinto Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), que erróneamente pueden ser calificados de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE).
La Responsabilidad Social (RSE) está presente en las empresas, a pesar de que según un estudio de Global Marketing, en 2013 sólo un 26% de las principales corporaciones invierte en este rubro, lejos del 68% alcanzado en 2009. Sin embargo, lejos de este debate de empresas que se suman o no al RSE, pues no están obligadas a ello, suscita muchas dudas y cuestiones cuál ha sido el camino recorrido y el horizonte hacia el cual avanza. Este debate, puesto sobre la mesa por Propuesta Ciudadana, congregó a representantes del MINEM, de empresas mineras como Antamina o Southern Perú e investigadores en el marco de la presentación del estudio: «El gasto social de las empresas mineras: entre el uso de los fondos públicos y la responsabilidad social empresarial”.
Así, El Grupo Propuesta Ciudadana alertó sobre la necesidad de regular el uso de los fondos públicos en el gasto social de las empresas mineras, e identificó la falta de transparencia para conocer el impacto de los mismos.
El eje del debate giró en torno a la relación del Estado con las empresas mineras en relación al gasto social que realizan las últimas en los territorios donde desarrollan su actividad, la responsabilidad, y los límites.
Desde el sector privado y minero se coincidió en considerar que las empresas terminan siendo más eficaces en la ejecución de proyectos para el desarrollo local debido a la debilidad institucional del Estado y a su falta de eficiencia. Desde el MINEM, Fernando Castillo, responsable de la gerencia de Gestión Social, destacó “las empresas han entendido que el compromiso de la responsabilidad social debe ser parte de algo útil que beneficie a la población. Hay varios ejemplos en el Perú donde se está coparticipando entre las empresas y el Estado financiando proyectos para que puedan tener valor más allá de la vida útil del proyecto”, ante lo cual, añadió que “el problema en el Perú actual no es falta de recursos, el problema es la calidad para la ejecución de los mismos”.
Darío Zegarra, gerente de Gestión Social de la minera Antamina puntualizó: “El rol de las empresas mineras desde ningún punto de vista debe ser reemplazar al Estado. No debemos de tener un rol bilateral, porque no es sostenible. Es importante que pasemos a una articulación de espacio multiactor que nos permita pensar en sostenibilidad; debe siempre buscar las sinergias para que desde las políticas nacionales, liderados por los gobiernos locales, podamos nosotros aspirar a una construcción de capacidades y fortalezas en el territorio en una agenda común y en una ejecución con sentido de urgencia”.
Sin embargo, diversos investigadores disertaron en este punto, señalando que tras el debate de este asunto no se trata sólo de un tema de gestión, sino ideológico respecto al papel que debe asumir el Estado en el desarrollo local, así como cuestionaron la sostenibilidad de esta visión. “La empresa minera termina asumiendo el rol de poder público efectivo. Está en juego qué horizontes de país queremos para la construcción de lo público y lo privado. Es poco probable que un país desarrollado se mantenga bajo una lógica de desarrollo en la cual lo público tenga que estar más bien a merced de la posibilidad voluntaria de la empresa”, manifestó Levy del Águila, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Levy añadió además: “Estamos perdiendo una oportunidad seria para pensar en una planificación del desarrollo que más bien aproveche justamente la capacidad impositiva hacia el privado extractivo para poder formular otra manera de relacionamiento entre los actores sociales”.
“Hay una confusión entre lo público y lo privado. Educación, salud y saneamiento son servicios universales que debe de proveer el Estado en calidad de igualdad homogénea en todo el territorio nacional. Esto es responsabilidad del Estado. Estos servicios se están dando mal y se están pasando a las empresas mineras”, aseveró María Isabel Remy, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. La socióloga añadió además: “Lo que falta es poder en la sociedad. Si la población tuviera más capacidad de presión y decisión, estoy segura de que la cantidad de dinero que sale del bolsillo de las empresas para mejorar el desarrollo local sería mucho mayor, sabría qué negociar. Lo que hay no es solo un déficit de Estado en el país, sino un déficit de capacidad de ciudadanía de inferir en las decisiones públicas”.
El uso de fondos públicos en el gasto social de las empresas mineras
Hay tres tipos de mecanismos que vinculan a las empresas mineras para el desarrollo de las localidades donde extraen los recursos, y generar así condiciones favorables al entorno inmediato de la mina. Estos mecanismos son: Actividades de Desarrollo Sostenible (ADS), el PMSP y FS. Ellos difieren en cuanto a la procedencia de los recursos que emplean, si bien las Actividades de Desarrollo Sostenible (ADS) emplean recursos que son en su totalidad de la empresa, (entre los años 2007 a 2012 las empresas ejecutaron S/. 2,100 millones, según información del MINEM) los dos mecanismos restantes manejan fondos que de una y otra manera pudieron ser parte del presupuesto público.
La empresa minera Antamina fue la que más aportes realizó al PMSP destinando casi S/. 700 millones para una región que recibe importantes recursos por canon minero. El Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PSMP) surge en 2006 (y finalizó el desembolso de fondos el 2011) en reemplazo de la aplicación de un impuesto a las sobreganancias mineras por efecto del fuerte aumento en los precios de los minerales superando las estimaciones proyectadas. Las empresas mineras aportaron el 3.75% de sus utilidades netas para la creación de fondos que ejecutasen proyectos de desarrollo social, y se les descontaba el 66% del pago de regalías mineras que pagaban las empresas.
Entre los años 2007 – 2012, las empresas tuvieron dos posibilidades: uno el PMSP, y el otro el compromiso en el marco de las ADS. Llama la atención los casos de Minera Antamina que destinó S/. 697.5 millones al PMSP y S/. 24.4 millones a las ADS, es decir 28 veces más el PMSP que las ADS. Sobre las razones por las que se destinó preferentemente hacia el primer programa, Zegarra afirma lo siguiente: “El acuerdo al que se logró es que los acuerdos eran privados y que no se alteraba la naturaleza jurídica de los aportes, es decir no se convirtió en un fondo público, es un fondo privado. Por tanto, desde nuestra visión, se ve como uno solo. Por qué hacer la diferencia si los dos son aportes privados?”. Respecto a si influyó el asunto de las regalías mineras, Zegarra afirma que “no necesariamente, la visión no pasó por ahí”.
El Grupo Propuesta Ciudadana alerta sobre la necesidad de prestar atención al uso de recursos públicos del Estado, o cuasi públicos, por dos razones: la necesidad de crear mecanismos de regulación y control del uso eficiente de esos recursos. En relación a este punto, Fernando Castillo, responsable de la gerencia de Gestión Social del MINEM, destacó que “el Perú es líder mundial en el tema de la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas”, ante lo cual consideró que hay que pensar cómo hacer para que los fondos sociales también se constituyan en parte de un elemento que deba transparentarse. Asimismo, desde Propuesta Ciudadana reclaman la necesidad de garantizar que su uso se haga respondiendo a necesidades públicas, a nombre del Estado y como un servicio y no a nombre de un privado y como parte de su Responsabilidad Social de las Empresas (RSE).
Asimismo, plantean que el MINEM juegue un papel más activo dando seguimiento a estos programas, así como en la toma de decisiones. “El MINEM no tuvo participación en las comisiones técnicas de coordinación, espacios donde se definían los proyectos a realizarse, a fin de poder guiar los mismos y buscar que se enmarquen en una política conjunta de Estado. La ausencia del MINEM, aunado a la poca o nula presencia de otros actores públicos locales, dejó en la práctica solas a las mineras para poder decidir en qué invertir”, afirma el economista Gustavo Avila.
