CONGRESO:: ANALIZAN PROBLEMÁTICA DE COMUNIDADES ANEXAS A ZONA DE TRABAJO DE PLUSPETROL
La problemática de las comunidades indígenas ubicadas en el área de influencia de los lotes 8 y 1AB, operados por la empresa Pluspetrol SA, fue analizada por un Grupo de Trabajo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, con la participación de representantes de esa empresa y de diversas entidades públicas, con miras a superar los inconvenientes ambientales que pudieran afectar el hábitat de sus habitantes.
Los participantes en la reunión, convocada por el congresista coordinador de la subcomisión, Leonardo Inga Vásquez (AP), que se desarrolló el miércoles 16, coincidieron en su deseo de evitar cualquier desequilibrio ambiental derivado de las operaciones de explotación de hidrocarburos que realiza la empresa petrolera en las provincias de Loreto y Datem del Marañón, entre las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, departamento de Loreto.
El primero en intervenir fue el gerente de Relaciones Institucionales de Pluspetrol, Daniel Guerra, quien explicó que su representada realiza constantes y planificados monitoreos ambientales, que han generado 362 fichas, 279 observaciones, 18 reportes de incidentes y 30 eventos de información en las comunidades.
Refirió las buenas relaciones que sostiene la empresa con las comunidades de su área de influencia y detalló los acuerdos suscritos con las autoridades y pobladores de Capahuari, Titiyacu, Alianza Tropical, Nuevo Porvenir, Nuevo Andoa y Jardines, aparte de los proyectos sociales que se ejecutan en otras zonas, caso de la electrificación rural de Pijuayal y otros cinco proyectos con fondos del canon en coordinación con el gobierno municipal de Nauta.
Recordó también que, a consecuencia de las operaciones propias de la empresa en el año 2011, se suscitó el derrame de 838 barriles de fluidos, y de otros 2,652 barriles como consecuencias de actos vandálicos en el Lote 8, en la cuenca del río Corrientes.
Explicó que esos incidentes han sido remediados y superados con la venia de las comunidades locales.
No obstante, la abogada Carmen Rosas Sandoval, asesora legal de federaciones indígenas de la ONG Solsticio, hizo algunas observaciones a los convenios suscritos entre la empresa y las comunidades indígenas, las mismas que fueron aclaradas por el representante de Pluspetrol y la congresista Marisol Pérez Tello (APGC), quienes coincidieron en la necesidad de mejorar las relaciones entre el Estado, las empresas petroleras y las comunidades indígenas, a fin de mejorar las condiciones de vida de estas últimas y proteger el ecosistema que las alberga, corrigiendo las omisiones heredadas de administraciones anteriores.
En el mismo sentido se pronunciaron Lissette Vásquez, de la Defensoría del Pueblo; Gonzalo Bravo, gerente de Medio Ambiente, y Élmer Durán Chávez, asesor legal de la OEFA; Gustavo Zambrano, presidente del INDEPA; y Rafael Rojas, especialista en hidrocarburos, entre otros.
