Víctor Caballero, Jefe de la Oficina de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros

Víctor Caballero, Jefe de la Oficina de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, en diálogo  con RSE Perú aseguró que los ex titulares de la PCM durante la gestión de Alan García se desentendieron de los problemas nacionales. Y se dedicaron a satanizar a las organizaciones sociales.

“La teoría del Perro del Hortelano terminó polarizando al país”

¿Cuáles son las acciones emprendidas por el gobierno de Ollanta Humala para tratar los conflictos sociales?
La modalidad de trabajo que hemos adoptado en los conflictos que se dan en determinadas regiones deberá contar con la participación activa de los Gobiernos Regionales. Nos parece fundamental que los presidentes regionales y autoridades locales se comprometan de manera activa en la resolución de los conflictos, porque tienen la competencia y recursos para hacerlo. Muchas veces los conflictos se agravan por el descrédito de sus autoridades, por eso existe mucho cuestionamiento a las autoridades y lo peor que se puede hacer es fortalecer esa pérdida de credibilidad.

¿Cuáles son los mecanismos de intervención?
El Ejecutivo puede intervenir en casos de Conflictos Regionales con diferentes representantes de los sectores, con la intervención de diferentes ministros y viceministros  y la acción de coordinación de la PCM es una acción que requiere un liderazgo en representación del Ejecutivo. Esa es la modalidad importante para nosotros, porque el Ejecutivo y sobretodo la PCM tiene que fortalecer y liderar la conducción de la resolución de los conflictos. Por otro lado requiere un compromiso de las propias organizaciones representativas de la sociedad. Un conflicto que toma en cuenta que estas organizaciones juegan un rol importante va a llevar a establecer la relación del dialogo. La política de diálogo tiene como uno de sus objetivos que el interlocutor no sea cuestionado, no sea vilipendiado, satanizado, ni enjuiciado. Sino fortalecemos a nuestro interlocutor en el dialogo, mal podemos desarrollar una estrategia exitosa. Esto nos diferencia de gestiones anteriores donde había una campaña de satanización a las organizaciones sociales, de cuestionamiento de su rol. Para nosotros el conflicto es una manifestación de descontento, de una necesidad de cambio que se requiere y evidencia que algo está funcionando mal.

“No podemos encontrar solución a los conflictos sociales sin producir cambios políticos fundamentales”

Esta nueva estrategia responde a un mea culpa de la PCM en vista que  actuó con poca eficacia en la mayoría de los conflictos
El presidente Ollanta Humala lanzó un discurso de cambio durante la asunción de mando, el Ejecutivo tiene ahora que concretar esos cambios. No podemos encontrar una solución a los conflictos sin producir cambios políticos fundamentales. Las organizaciones indígenas, las comunidades campesinas han demandado siempre el derecho a la consulta. Y por una concepción errada, ese derecho fue vetado. Se los trató como el “Perro del Hortelano”, aquel que planteaba que sea mínimamente consultado. Se los acusó de antisistema, se los enjuició, se desarrolló una política de penalización y criminalización de la protesta y el resultado fue más violento. Esta voluntad de cambio y la decisión de esta salida tan política es que el gobierno lo está ejecutando. Una principal medida para resolver políticamente un conflicto ambiental es el uso de la Ley de Consulta Previa y la participación de las organizaciones en la elaboración de la reglamentación.

BUSCAN SOLUCION
Conflictos Sociales donde el Estado interviene para resolver las demandas de la población.
Tacna: Problemas ambientales y mineros
Puno: Problemas con la Minería Informal
Cajamarca: Demandas Hídricas en algunas cuencas
Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros (Diciembre 2011)

Autoridades activas
¿Existe compromiso de las autoridades locales en la solución de los conflictos?
El Gobierno Regional de Tacna tiene una participación activa para trabajar de manera concertada para resolver los problemas ambientales y mineros. En Cajamarca y Moquegua la participación de las autoridades ha sido fundamental. En Puno el rol del Presidente Regional es importante porque debe liderar la lucha con la minería informal de manera  frontal. Y en todos los lugares donde los Gobiernos Regionales tienen interés de participar para resolver los casos de manera concertada nosotros estamos apoyando.

¿Cómo evalúa la participación del sector privado y de las organizaciones sociales?
Un tema que es fundamental. Los conflictos tienen que terminar institucionalizando el sistema de la resolución de las controversias a nivel de sectores. Las mesas de diálogo son mesas transitorias, no debemos llenar de mesas de diálogo todo el país. La mejor forma de resolver un conflicto es fortalecer el espacio institucional donde se resuelve las controversias. Por ejemplo, si hay un tema de conflicto hídrico y de relaciones con la empresa minera o de cualquier rubro, nosotros fortalecemos los consejos hídricos de cuencas que cuenta que son autoridades reconocidas por el estado para que las controversias se resuelvan. Los conflictos ambientales tiene que llevarnos a constituir los consejos ambientales, eso tenemos que fortalecer sino lo hacemos le vamos a quitar institucionalidad a la resolución de los conflictos, tienen que resolverse en los espacios institucionales.

Siempre hemos escuchado hablar de institucionalizar, durante las gestiones anteriores y ahora la de usted.
Durante la gestión del ex presidente de la PCM, Jorge del castillo hubo un esfuerzo por constituir unas oficina de resolución de conflictos y comisiones multisectoriales, pocos meses después perdió el liderazgo y la perdida de liderazgo va acompañado de la pérdida de credibilidad. El ministro que lo reemplazó, Yehude Simon buscó de alguna manera recuperar el liderazgo y protagonismo sin mucho respaldo, credibilidad y terminó con el Baguazo, porque la estrategia que aplicó fue equivocada; todos los que se oponen son antisistema. La teoría del “Perro del Hortelano”, terminó polarizando al país y poniéndolo en una situación crítica. Luego los dos últimos ministro (Javier Velásquez Quesquen y José Antonio Chang) llegaron al punto que se desatendieron y decían que cada quien resuelva su problema, que cada ministro resuelva su problema y como hemos visto cada ministro no pudo resolver su problema y terminó en una espantosa cifra de conflictos y de muertes. La principal diferencia es que en la gestión anterior hubo un abandono en la estrategia de resolución de conflictos y una pérdida de liderazgo, de credibilidad y cada quien hizo lo que pudo. Se llenaban de mesas de diálogo y cada mesa resolvía un conflicto y las mesas no resolvían nada porque había una constitución errónea que las meas sirven para resolver conflictos, en realidad las mesas de diálogo son transitorias porque sirven para defineir puntos de agenda para el inicio del tratamiento de un conflicto. Muchas de las medidas políticas que debería ejecutarse en una mesa de negociación que no termina con una modificación de política pierden rápidamente su valor. A veces se pensaba que la negativa de los indígenas de aceptar la inversión se debía a un problema de comunicación. Ahora hay una reforma política fundamental y si esa reforma política no se hacía no había forma de encontrar solución. Para resolver los problemas de conflicto pasan por una política de cambio.

En este tiempo de trabajo, el Ejecutivo ha logrado tener los aliados para desarrollar la resolución de conflictos
Es un proceso de construcción de aliados. Muchas veces los aliados no se ganan por palabras bonitas sino por hechos concretos. Las alianzas son con las comunidades campesinas y eso es fundamental para resolver los conflictos, tenemos que ser fieles con la alianza. Otros aliados importantes son los gobiernos regionales, para nosotros la institucionalidad de los gobiernos regionales tiene que ser fortalecida. El error cometido en las gestiones anteriores es haber empoderado a organismos que le quitaban legitimidad a los presidentes regionales. Para nosotros las autoridades campesinas, son las autoridades legítimas en el mundo rural peruano.

¿Qué piden las organizaciones aliadas?
Acción más decisiva del Estado. Si se aprueba leyes de control duras y es necesario aplicarlas hay que hacerlo. Todos los sectores tienen que entender que esta alianza del Estado con las comunidades campesinas es una alianza duradera que sí ahora está en una situación crítica por la pérdida de credibilidad en el Estado. Pero tiene que ser una alianza que tiene que llevarnos a construir una sociedad rural más estable con derechos, con respeto al medio ambiente, respeto a la cultura, ese trabajo lo estamos haciendo pero es un camino largo.

Ley de Consulta
¿La Ley de Consulta puede ayudar en la resolución de conflictos?
Tenemos un plazo hasta el 12 de enero para terminar con la elaboración del Reglamento y una vez que se apruebe se echaran andar los procesos que se soliciten y que el Estado acepte. No es cuestión que yo quiero una consulta y lo hago. Hay un proceso donde es el Estado quien decide las consultas previas. Por otro lado se está en el entendimiento cual es el espíritu de la Ley de Consulta Previa, y para nosotros ese espíritu es la reconciliación del Estado con los pueblos indígenas. Con lo importante que es la inversión minera y petrolera, la ley de consulta previa no ha sido hecha para ello, eso es un elemento del proceso de consulta. Lo que debe hacer el Ejecutivo y los Gobiernos Regionales es  adecuar sus normas, sus procedimientos políticos y administrativos a un proceso de consulta. Es decir dentro de las funciones del Ejecutivo, en el sector agricultura o sector justicia y otras es saber qué es lo que se va a someter a consulta, ese es el objetivo de la ley. Esta ley reforma la relación política del Estado con los pueblos.

¿Cómo participa la ciudadanía?
Los mecanismos de participación ciudadana en la aprobación de proyectos es algo distinto de la ley de consulta previa de los pueblos indígenas y esa confusión está siendo llevada de manera errada de creer que todo se somete a consulta. Los procedimientos administrativos que cada sector tiene que adecuarse y mejorarse, pero no es que sustituyan a una consulta.