Opinión de Jorge Toyama:: Aumentan Conflictos Laborales

Jorge Toyama es socio del Área Laboral de Miranda & Amado, Abogados. Magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

“Lo laboral será una política de Estado tanto o más importante que la económica”, rezaba la Hoja de Ruta del presidente Humala. Durante los primeros cien días de este gobierno, se aprecia que se está cumpliendo esta promesa electoral.

Durante los primeros cien días, el Poder Ejecutivo ha tenido mucha actividad laboral. A nivel legislativo, ha emitido la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo –de hecho, ha sido la primera norma aprobada por el Presidente- que ha generado mayores obligaciones para las empresas y señalado responsabilidad penal para los funcionarios y trabajadores que pongan en riesgo la salud y seguridad del personal.

El incremento del mínimo vital a S/.675, cumpliendo una promesa electoral, se dio en agosto. Y luego se han emitido dos normas que regulan los casos en que el arbitraje soluciona un pliego de reclamos (mala fe negocial y primera negociación colectiva). Además, una disposición ha desviado el remanente de las utilidades laborales que financiaban proyectos para zonas rurales a fondos del Estado para generar empleo.

Finalmente, la prohibición de movilización interna de personal ante una huelga (“reemplazo de puestos de huelguistas por personal que acude a laborar”), a través de una directiva interna del Ministerio de Trabajo, para regular huelgas en trámite importa una modificación legal y requiere de una norma publicada en El Peruano.

Lamentablemente todas estas normas se han dado sin que exista diálogo social. Una primera observación es que todo debería pasar por el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) antes que se emita una norma laboral. En este momento se revisa el proyecto de reglamento de la norma de seguridad y salud, pero tampoco ha pasado por el CNT. Desde diciembre, ojalá que el proyecto de Ley General del Trabajo pase por el CNT y habrá una nueva oportunidad para lograr el mayor consenso social.

Un segundo tema se relaciona con los conflictos laborales. El Ministerio de Trabajo ha precisado los aspectos que deben tenerse en cuenta para que un conflicto sea resuelto por la Dirección General (Lima) o la región respectiva. Sin embargo, de manera general, se viene apreciando un ligero incremento de los conflictos laborales –y una extensión mayor en el tiempo del mismo-: si bien en “lo laboral” siempre habrá conflictos, la labor conciliadora laboral es fundamental para volver razonables las posiciones y no violentas las protestas.

En tercer lugar, consideramos que la regulación todavía está orientada hacia el mundo de las empresas formales. Es necesario que la orientación laboral del gobierno se centre en quienes no están en planillas ni tienen protección social (salud y pensiones). De cada tres trabajadores dependientes, solo uno está en planilla y los otros tres están fuera de la legalidad (les pagan a la mano, están por honorarios profesionales, etc.); de cada diez peruanos solo tres tienen protección social (salud y pensiones). En realidad, el mayor reto del gobierno no es crear más empleos, sino brindar formalidad laboral a los trabajadores dependientes y protección social a los independientes.

La Pensión 65 que se ha comenzado a otorgar es un avance. Pero no estamos ante un régimen contributivo, sino ante un simple subsidio estatal ante la carencia de un sistema de aseguramiento de una persona. En realidad, la “inclusión social” importa que todos los peruanos estemos asegurados ante cualquier contingencia: un aseguramiento en salud y pensiones. Como lo ha dicho un reciente informe presentado a Naciones Unidas: el piso de protección social es clave para enfrentar la crisis y la inestabilidad social.

En definitiva, hay todavía mucho por hacer en lo que más importa en el país: brindar protección social a todos los peruanos.
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